Periodismo bajo amenaza en la frontera venezolana

Periodismo bajo amenaza en la frontera venezolana

Por: Bernardo Sabisky

Hay escenas que se repiten hasta volverse método. Y cuando eso pasa —cuando el abuso deja de ser excepción— ya no estamos ante un error operativo sino frente a una decisión política. En la frontera entre Venezuela y Colombia, esa decisión tiene hoy una forma concreta: inducir a periodistas extranjeros a cruzar unos pocos metros y, una vez del otro lado, retenerlos sin orden judicial, sin explicación clara y con el libreto de siempre.

La dictadura venezolana vuelve así a quedar expuesta por el uso sistemático de prácticas ilegales contra la prensa internacional. No es una acusación grandilocuente. Es, apenas, la descripción de hechos que se repiten con una precisión inquietante.

La mecánica de la trampa (simple, eficaz, peligrosa)

Funciona más o menos así —aunque decirlo de este modo casi banaliza la gravedad—: efectivos policiales apostados en pasos fronterizos se acercan a reporteros que trabajan del lado extranjero, sobre todo en zonas limítrofes con Colombia. Los saludan. Conversan. Invitan. “Crucen unos metros”, sugieren, “así hablamos mejor”.

La clave, la verdadera clave aquí es esa invitación.

Porque una vez que el periodista cruza la línea invisible de la frontera, aunque sea por segundos, queda automáticamente bajo jurisdicción del régimen chavista. Y entonces ya no hay charla, ni entrevista, ni regreso inmediato. Hay retención arbitraria. Hay interrogatorios. Hay equipos confiscados.

Y hay silencio oficial.

Casos concretos, un patrón que se repite

La maniobra no es aislada ni improvisada. Ya se registraron episodios en pasos fronterizos como Tienditas y Simón Bolívar, puntos sensibles entre Colombia y Venezuela. Coinciden, además, con un contexto de tensión política creciente tras la captura de Nicolás Maduro, un dato que sobrevuela cada operativo aunque nadie lo mencione en voz alta.

Entre los casos documentados figuran el del colombiano Jeff Martínez, del medio Testigo Directo, y el del mexicano Julián Mazoy, vinculado a SDP y Radio Fórmula. Ambos fueron retenidos durante unas diez horas, interrogados, con sus equipos confiscados de manera temporal y, finalmente, deportados.

No fueron los únicos. También hubo incidentes con periodistas de Univisión y con equipos internacionales que denunciaron revisiones exhaustivas de cámaras, teléfonos y computadoras, además del borrado de material periodístico bajo el argumento, siempre elástico, de la “seguridad nacional”.

Seguridad nacional: la excusa que todo lo tapa

En todos los casos, el patrón se repite —y cansa, pero no por eso deja de alarmar—: retención forzada, interrogatorios intimidatorios y confiscación de pertenencias personales y herramientas de trabajo. Cámaras. Celulares. Computadoras. La caja negra del periodismo moderno.

El argumento oficial es casi automático: “seguridad nacional”. Una fórmula que el chavismo utiliza desde hace años para justificar abusos de poder y restricciones a la libertad de prensa. En la práctica, estas acciones funcionan como un mecanismo de censura directa y, quizás más efectivo aún, de amedrentamiento.

Porque el mensaje es claro, aunque no se escriba en ningún comunicado: documentar lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias.

Quiénes operan y por qué la frontera es tierra fértil

Las fuerzas involucradas responderían tanto a la Policía Nacional como a otros cuerpos de seguridad bajo control del régimen, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana, que opera con amplias facultades en zonas fronterizas. Facultades amplias, controles mínimos. Una combinación conocida.

La ausencia de controles judiciales y la falta de garantías básicas convierten a estos territorios en verdaderas zonas liberadas para el atropello institucional. Lugares donde la ley se estira, se dobla o directamente se ignora, según convenga.

Un contexto más amplio de hostigamiento

Estas acciones se inscriben en un patrón más amplio de restricciones a la prensa, especialmente en zonas sensibles y durante eventos políticos. El 5 de enero, por ejemplo, se registraron al menos 14 detenciones en Caracas. Y en diciembre de 2025, un equipo chileno relató intentos similares de “invitación” en la frontera, que lograron evitar al advertir la maniobra a tiempo.

Organizaciones internacionales como el Committee to Protect Journalists (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya condenaron estas prácticas, señalando que las retenciones arbitrarias y la revisión de equipos constituyen formas directas de censura.

No es retórica. Es diagnóstico.

Una anécdota argentina que no debería hacer reír

Desde el entorno de periodistas argentinos que trabajan en la región circuló, casi como alivio, la historia de un reportero nacional que logró evitar la trampa. Advirtió el movimiento, entendió el riesgo y decidió no cruzar la línea fronteriza. La anécdota fue celebrada con ironía en redes sociales.

Pero detrás de ese guiño hay algo incómodo.

Porque que la astucia individual sea la última barrera frente al abuso estatal dice mucho —demasiado— sobre el estado de las cosas. En Venezuela, ejercer el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo. Y en la frontera, ese riesgo empieza con una frase aparentemente inocente: “cruce un poquito más”.

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