VIAJES FOTOS Y COMIDA DE BERNARDO SABISKY
Por: Bernardo Sabisky
Hay textos que no buscan convencer sino advertir. Y hay advertencias que, aun envueltas en tecnicismos diplomáticos, huelen a discusión de fondo. Eso es lo que ocurre con el Acuerdo de Biodiversidad en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional —más conocido como BBNJ—, un tratado internacional que ya entró en vigor a nivel global y que, en Argentina, sigue esperando una definición política clave: su ratificación por parte del Congreso.
Un documento dirigido al Poder Ejecutivo y al Parlamento nacional, impulsado por la Fundación Argentina Azul y acompañado por análisis de especialistas en derecho marítimo y pesca, exhorta de manera explícita a no avanzar con esa ratificación. La razón central, porque acá hay muchas capas, es la posible afectación de la soberanía argentina y de sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
Qué es el Acuerdo BBNJ y por qué genera resistencia
El BBNJ fue adoptado en junio de 2023 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzar las 60 ratificaciones necesarias. Argentina lo firmó en 2024, pero, hasta hoy, el gobierno no lo envió al Congreso para su aprobación definitiva.
El tratado busca regular la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar: recursos genéticos, áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental y transferencia de tecnología. En el papel suena razonable. En la práctica —dicen sus críticos— abre zonas grises que pueden volverse problemáticas.
Soberanía, Malvinas y un punto constitucional sensible
Uno de los ejes más delicados del documento crítico es la soberanía. Se advierte que la aplicación del BBNJ podría, directa o indirectamente, limitar los derechos argentinos sobre espacios marítimos vinculados a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El argumento se apoya en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional y en una lectura jurídica que teme que el tratado, al ser interpretado desde una lógica anglosajona del derecho, termine reconociendo de hecho al Reino Unido como actor ribereño en zonas hoy disputadas. No es un consenso cerrado —vale decirlo—, pero sí una preocupación compartida por sectores académicos y productivos.
Pesca y recursos genéticos: el temor a los efectos colaterales
Otro punto que genera ruido —ruido del bueno, del que obliga a pensar— es el impacto sobre la actividad pesquera. El acuerdo excluye la pesca directa, pero regula los recursos genéticos marinos y habilita la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.
¿El problema? Que esas decisiones podrían incidir sobre especies migratorias y sobre zonas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva argentina. En un Atlántico Sur donde la pesca ilegal ya es un problema estructural, cualquier cambio en las reglas despierta alertas.
Áreas protegidas y gobernanza externa
Argentina cuenta con su propia legislación y experiencia en áreas marinas protegidas. Lo remarcan quienes se oponen al BBNJ: no falta capacidad técnica ni recursos humanos. Lo que se cuestiona es la necesidad de una gobernanza internacional que, desde afuera, establezca restricciones en regiones donde el país ya demostró control ambiental efectivo.
Dicho de otro modo —y acá el tono se vuelve más político—, ¿por qué aceptar tutelajes cuando hay trayectoria propia?
Evaluaciones ambientales y transferencia tecnológica
El acuerdo también prevé evaluaciones de impacto ambiental más exigentes y compromisos de cooperación tecnológica. Para algunos, esto representa una oportunidad. Para otros, un costo adicional y una obligación difícil de sostener en términos presupuestarios y estratégicos.
Argentina, señalan, ya posee organismos especializados y profesionales reconocidos. Sus aguas bajo jurisdicción nacional figuran entre las más prístinas del planeta. La pregunta vuelve a aparecer, casi como un eco: ¿qué se gana y qué se pierde?
Beneficios potenciales que no terminan de convencer
El BBNJ promete conservación de la biodiversidad, cooperación internacional y acceso a recursos en alta mar. Nadie discute esos objetivos. Lo que se discute —y fuerte— es si esos beneficios dependen realmente de la ratificación del acuerdo o si ya pueden alcanzarse mediante los mecanismos vigentes de cooperación bilateral y multilateral.
Según el documento, hoy Argentina ya tiene acceso a esos recursos y canales de diálogo sin necesidad de comprometer posiciones sensibles.
Un llamado explícito al Congreso
El balance que hacen los firmantes es claro y no admite demasiados matices: los riesgos superan ampliamente a las ventajas. Por eso, exhortan a los legisladores nacionales a no ratificar el Acuerdo BBNJ y a priorizar la defensa de los intereses marítimos y soberanos del país, especialmente en territorios que permanecen bajo ocupación extranjera.
El debate está abierto. Y no es menor. Porque, en tiempos de tratados globales y diplomacia ambiental, la pregunta de fondo sigue siendo la misma de siempre: cómo cuidar el mar sin resignar soberanía.
