VIAJES FOTOS Y COMIDA DE BERNARDO SABISKY
Por: Bernardo Sabisky
En las últimas semanas —y con respaldo normativo concreto— el Gobierno argentino avanzó en el fortalecimiento del control sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE), una franja marítima estratégica donde la pesca ilegal viene siendo, desde hace años, un problema persistente y costoso.
El eje operativo de esta ofensiva es el Sistema Guardacostas, una plataforma de vigilancia integral utilizada por la Prefectura Naval Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que permite detectar maniobras típicas de pesca no autorizada. No es una promesa. Es acción en curso.
El Sistema Guardacostas, en el centro de la estrategia
Regulado por la Resolución 162/2023, el Sistema Guardacostas integra información de múltiples fuentes —AIS terrestre y satelital, radares costeros, imágenes satelitales SAR y VIIRS, bases de datos pesqueras y registros de tripulaciones— en una sola plataforma operativa.
¿Para qué sirve todo eso, en términos simples? Para ver lo que antes no se veía. O, mejor dicho, para identificar a quienes intentan no ser vistos.
Velocidades anormalmente bajas —menos de 6 nudos, o incluso 2 nudos en el caso de buques poteros— activan alertas automáticas. Son indicios técnicos claros de actividad pesquera dentro de la ZEE. A partir de allí, Prefectura inspecciona, documenta y sanciona.
Multas multimillonarias y precedentes concretos
El caso más resonante ocurrió en enero de 2026. El buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, fue detectado navegando a menos de 4 nudos dentro de la ZEE argentina durante 1 hora y 29 minutos, realizando maniobras compatibles con pesca de arrastre.
La sanción administrativa aplicada ronda los 1.500 millones de pesos argentinos, una cifra calificada como “multimillonaria” por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La multa se sustenta en la Ley Federal de Pesca (29.922) y contempla una eventual quita del 50% en caso de allanamiento voluntario.
Pocos días después, el Playa Da Cativa, de bandera española, recibió una sanción similar. No son hechos aislados. Son señales.
Un enfoque político que combina soberanía y economía
El presidente Javier Milei enmarca estas medidas como parte de una defensa activa de los recursos naturales y de la soberanía económica, en línea con la CONVEMAR y la normativa pesquera vigente. La estrategia es interministerial: Seguridad, Economía y Agricultura coordinan acciones frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El foco está puesto, especialmente, en la milla 201, donde operan unas 300 embarcaciones extranjeras, mayormente de origen asiático, que capturan cerca de 250.000 toneladas anuales de especies clave como el calamar.
El costo oculto de la pesca ilegal
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La pesca INDNR genera pérdidas estimadas entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales en materia prima para la Argentina. En términos más amplios, el valor comercial final perdido podría alcanzar los 14.000 millones de dólares.
El impacto no es abstracto. Afecta exportaciones, reduce ingresos fiscales y limita la generación de unos 30.000 empleos indirectos. También presiona sobre la sostenibilidad de especies como el calamar illex y la merluza, encareciendo los costos de las flotas que operan dentro de la ley.
En las comunidades patagónicas, donde la pesca es motor económico, estas prácticas ilegales erosionan cadenas productivas enteras. Y durante años —vale decirlo— las sanciones resultaron insuficientes.
Un cambio de etapa en el control marítimo
La Disposición 20/2026, publicada en febrero, refuerza este esquema al establecer presunciones objetivas de pesca ilegal y asignar formalmente a la Prefectura tareas de vigilancia, inspección y sanción dentro de la ZEE.
No se trata solo de tecnología, ni únicamente de multas más altas. La clave, la verdadera clave aquí es la continuidad. Sostener el control, sostener el criterio, sostener la presencia.
Un mensaje que empieza a llegar
Las acciones están documentadas en el Boletín Oficial, respaldadas por anuncios oficiales y sin contradicciones en los reportes verificados. No hay épica exagerada. Hay procedimientos, datos y decisiones administrativas que empiezan a cambiar el tablero.
En un mar históricamente difícil de controlar, el Estado parece haber decidido —esta vez— mirar de frente.
