Por: Bernardo Sabisky
En un contexto económico y social que exige cambios estructurales, el gobierno de Argentina ha dado un paso importante en la reestructuración del sector turístico a nivel nacional. A través del Decreto 216/2025, publicado en el Boletín Oficial el 19 de marzo de 2025, se modificó de manera significativa la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, con el objetivo de hacer del turismo una actividad más dinámica, eficiente y accesible. Esta reforma, que abarca diversos aspectos de la gestión turística, promete transformar el panorama del turismo en Argentina, un sector clave para la economía nacional.
¿Qué implica la modificación de la Ley de Turismo?
1. Creación del Comité Interministerial de Facilitación Turística
Una de las principales novedades de esta reforma es la creación del Comité Interministerial de Facilitación Turística, un órgano cuyo propósito es facilitar y coordinar la implementación de políticas públicas en el ámbito turístico. Este comité, presidido por la Secretaría de Turismo de la Nación, estará integrado por representantes de diversos ministerios y secretarías del gobierno, cuyas competencias se relacionen con el turismo, como los ministerios de Cultura, Transporte y Desarrollo Social.
El comité tendrá como función principal garantizar la implementación eficiente de las políticas turísticas a nivel nacional y asegurar la colaboración entre las distintas entidades gubernamentales. Su creación busca simplificar y agilizar los procesos administrativos, reducir la burocracia y fomentar una mayor cooperación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). De esta manera, se espera que se optimicen los recursos y esfuerzos, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector.
Este cambio tiene como meta que el turismo, como actividad nacional, esté mejor coordinado y gestionado, a fin de adaptarse más rápidamente a las necesidades del mercado y a las demandas de los turistas.
2. Modificación en las Funciones de la Secretaría de Turismo
La Secretaría de Turismo de la Nación es el principal organismo encargado de la política turística nacional, y con esta modificación se amplían sus atribuciones de manera considerable. La reforma otorga a la Secretaría nuevas competencias para fomentar la inversión privada en el sector, lo que incluye la gestión de proyectos de infraestructura turística y la posibilidad de apoyar financieramente obras de infraestructura relacionadas con el turismo.
Una de las modificaciones más importantes establece que la Secretaría podrá, en adelante, gestionar créditos especiales para emprendimientos turísticos, tanto públicos como privados. Esto incluye desde la construcción de nuevos complejos turísticos hasta la ampliación o refacción de los ya existentes. Además, se prevé que la Secretaría pueda ofrecer subvenciones y beneficios fiscales a aquellos proyectos turísticos que sean considerados de interés estratégico para el país.
De esta manera, el Estado busca incentivar una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura turística del país, además de facilitar el acceso al financiamiento para aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento del sector.
3. Enfoque en el Turismo Social y Federal
Una de las claves de esta reforma es el fortalecimiento del Turismo Social, una política destinada a hacer el turismo más accesible para las clases sociales más vulnerables. Con la modificación de la ley, se establece que el Estado, a través de la Secretaría de Turismo, impulsará programas de turismo dirigidos a sectores sociales con menos recursos. Esto se logrará mediante la operación de unidades turísticas de su dependencia y la implementación de servicios turísticos accesibles para la población vulnerable.
Además, se le otorga un enfoque federal a la gestión del turismo. Las provincias y municipios podrán tener una participación más activa en la planificación y ejecución de proyectos turísticos en sus respectivas regiones. Esto se traduce en una mayor autonomía para las jurisdicciones locales, que podrán diseñar estrategias turísticas propias y adaptar las políticas nacionales a las características particulares de cada territorio.
Este cambio busca descentralizar la gestión turística, permitiendo que las provincias se conviertan en actores más relevantes en el desarrollo turístico, tanto en términos de infraestructura como en la promoción de su oferta turística.
4. Reducción de la Intervención Estatal y Promoción de la Inversión Privada
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la clara reducción de la intervención estatal en áreas que, según la normativa, pueden ser gestionadas con mayor eficacia por el sector privado. El gobierno ha decidido eliminar varias de las regulaciones y restricciones que limitaban la competencia en el mercado turístico. Este cambio busca fomentar una mayor competitividad, permitiendo que los actores privados puedan operar con mayor libertad, y contribuyendo a una mejor calidad de los servicios turísticos.
Asimismo, se promueve una desregulación en cuanto a las exigencias normativas que impedían una libre oferta de bienes y servicios, con el objetivo de evitar que las políticas gubernamentales distorsionen el mercado. En este sentido, la reforma plantea que el Estado Nacional se limite a aquellos proyectos de inversión turística que sean de interés estratégico, mientras que el sector privado será el encargado de gestionar y financiar la mayoría de los proyectos turísticos.
5. Derogaciones y Modificaciones Específicas de la Ley
La reforma también incluye la derogación de varios artículos de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 que, según el nuevo enfoque del gobierno, ya no son necesarios o incluso obstaculizaban el desarrollo del sector. Entre los artículos derogados se encuentran aquellos que regulaban los procedimientos administrativos relacionados con la autorización de proyectos turísticos o que imponían restricciones impositivas a las inversiones en el sector.
Además, se han modificado artículos clave de la ley, como los que regulan las atribuciones de la Secretaría de Turismo, que ahora contará con mayores facultades para promover la inversión y coordinar políticas públicas que impacten directamente en la industria turística. Se han fortalecido las capacidades de la Secretaría para gestionar la promoción del turismo tanto a nivel interno como internacional, y para implementar campañas de marketing dirigidas a consolidar la imagen de Argentina como un destino turístico de calidad.
¿Cuál es el objetivo final de estos cambios?
El objetivo central de esta reforma es hacer del turismo una actividad más eficiente, competitiva y accesible, tanto para los turistas como para los actores involucrados en su desarrollo. Al eliminar restricciones innecesarias y fomentar la inversión privada, el gobierno espera dar un impulso a un sector que, a pesar de su relevancia, no ha logrado alcanzar todo su potencial.
Además, con un enfoque federal, el Estado pretende que cada provincia y municipio pueda gestionar el turismo de acuerdo a sus necesidades y características locales, fomentando un desarrollo más equilibrado en todo el país. Se trata de un cambio estructural que también pone en valor la diversidad turística de Argentina, con una oferta que abarca desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos y comunidades rurales.
Con esta modificación de la Ley Nacional de Turismo, Argentina está dando un paso firme hacia un modelo de turismo más inclusivo, federal y competitivo. La reforma introduce importantes cambios que no solo impactan en la gestión pública del sector, sino también en la dinámica del mercado turístico, promoviendo una mayor participación del sector privado y potenciando la inversión en infraestructura y proyectos turísticos.
Si bien el impacto de estas medidas no será inmediato, se espera que a mediano y largo plazo se logren importantes avances en términos de crecimiento económico, empleo y desarrollo regional. Sin dudas, Argentina apuesta por un turismo más accesible y sostenible para todos.