
Por: Bernardo Sabisky
El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), tras detectar —según sostiene el propio organismo— irregularidades financieras, desvíos de fondos y un deterioro de la infraestructura que comprometería la seguridad y la operación de la terminal. Todo esto, además, en plena temporada de cruceros.
La medida se mantendrá vigente hasta que el gobierno de Tierra del Fuego corrija las anomalías señaladas. No es un detalle menor. Hubo inspecciones reiteradas, advertencias formales, y un silencio administrativo que, con el tiempo, se volvió incómodo.
Inspecciones, alertas y un puerto bajo presión
Las inspecciones realizadas por la ANPYN dejaron un listado técnico que no admite demasiadas interpretaciones optimistas. Fallas estructurales en el muelle, pilotes faltantes en el sitio 3, defensas dañadas, problemas en el tablestacado. A eso se suma el deterioro de la carpeta asfáltica y deficiencias en la seguridad operativa.
No es una enumeración decorativa. Es, más bien, un mapa de riesgos en una terminal clave para la logística y el turismo del extremo sur. La clave, la verdadera clave aquí es que estas observaciones se dan cuando el puerto recibe cruceros de gran porte y un flujo constante de pasajeros.
Cuestionamientos a la gestión financiera
El foco no estuvo solo en el hormigón y el acero. También en los números. Según la administración nacional, se detectaron falencias en la gestión administrativa y financiera, como la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras.
Esa tarea, de acuerdo a lo informado, estaba tercerizada en una firma habilitada para la venta de artículos sin vínculo con la actividad portuaria. Un dato que, dicho así, suena extraño. Y lo es.
Además, las inspecciones señalaron que un tercio del presupuesto del puerto se destinaba a gastos generales de la provincia, mientras que apenas el 1,3% se invertía en obras y servicios dentro de la terminal. El contraste es elocuente y explica buena parte del malestar de los trabajadores, que venían denunciando un presunto vaciamiento.
La respuesta oficial y el esquema de intervención
Durante el período de intervención, la ANPYN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar la seguridad y optimizar las operaciones. No se trata de un reemplazo total de las estructuras locales. Las principales gerencias seguirán en manos de cuadros técnicos de la región, a quienes la propia agencia reconoce capacidad para sostener el funcionamiento cotidiano del puerto.
La idea —al menos en los papeles— es corregir sin paralizar. Ajustar sin romper. Un equilibrio delicado, sobre todo cuando hay empresas navieras que ya habían expresado su preocupación por el estado del puerto.
Un puerto estratégico en el centro del debate
Ushuaia no es un puerto más. Es una puerta de entrada al turismo antártico, un nodo logístico y una pieza clave para la economía fueguina. Por eso, la intervención del puerto de Ushuaia no es solo una medida administrativa: es una señal política y operativa.
Habrá que ver si estos 12 meses alcanzan para revertir lo señalado. O, dicho de otro modo, si esta intervención logra transformar un diagnóstico crítico en una oportunidad de ordenamiento y recuperación.
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