VIAJES FOTOS Y COMIDA DE BERNARDO SABISKY
Por: Bernardo Sabisky
Hay frases que no buscan sutileza. Buscan efecto. “El que prende fuego, paga”, lanzó el Gobierno nacional mientras avanzaba con el despliegue de fuerzas federales en Chubut, una provincia atravesada por incendios forestales que ya dejaron marcas visibles en el territorio —y otras, más silenciosas, en la discusión política y social que se abrió alrededor del origen del fuego.
No es un dato menor, conviene decirlo de entrada: según cifras oficiales, el 95% de los incendios registrados tiene origen humano. No hubo tormentas. No hubo rayos. Hubo, en cambio, indicios que empujan la investigación hacia la intencionalidad.
El foco en Los Alerces y una acusación directa
Uno de los incendios más relevantes comenzó hace una semana en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona de Epuyén. El fuego ya consumió más de tres mil hectáreas, y para las autoridades provinciales no se trata de un accidente. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que el siniestro habría sido intencional y apuntó contra sectores de la comunidad mapuche como responsables del inicio.
La acusación aparece en un contexto delicado: semanas atrás se había concretado el desalojo de la comunidad Lof Paillako, que ocupaba una parte del parque desde 2020. Ese antecedente es parte del trasfondo que hoy atraviesa la investigación.
Pericias, acelerantes y una causa penal en marcha
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, difundió el 6 de enero de 2026 un comunicado con definiciones fuertes. Las pericias fiscales, detalló la cartera, detectaron acelerantes en los focos ígneos, lo que permitió descartar causas naturales.
Los fiscales Carlos Díaz Mayer y Débora Barrionuevo confirmaron además un dato técnico clave: se identificaron dos focos iniciales separados por apenas cuatro metros, ubicados junto a senderos, un patrón que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.
Desde Nación se habló de “acciones criminales organizadas” y se introdujo un concepto que ya genera debate: “terrorismo ambiental”, con presunta vinculación a “grupos terroristas autoproclamados mapuches”, señalados por antecedentes contra la seguridad pública y la propiedad privada.
Despliegue federal y operativo en terreno
Mientras la Justicia avanza, el fuego se combate con recursos. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera, según el comunicado oficial, de manera plena y coordinada en Chubut y en el resto del país. En el caso de Puerto Patriada, el dispositivo incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, además de cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas.
No es una reacción improvisada. El Ministerio recordó que desde octubre se había advertido a las provincias sobre una temporada de alto riesgo, y que desde el 2 de diciembre se publica un seguimiento permanente del despliegue operativo federal.
Prohibición total del fuego y sanciones inmediatas
El mensaje oficial no deja zonas grises. Rige la prohibición total del uso del fuego en áreas definidas por la Administración de Parques Nacionales y por las autoridades provinciales, especialmente en la Patagonia Norte. No hay excepciones. Y las sanciones, advirtieron, serán “inmediatas y ejemplares”.
La advertencia se repite —porque busca quedar grabada—: prender fuego no es un error, es un delito grave. “A quienes ponen en peligro a la población, al ambiente y a nuestras fuerzas, los vamos a encontrar”, sostuvo el Ministerio.
Recompensa y llamado a la información
En paralelo, la provincia de Chubut ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables. La información debe canalizarse a través de la fiscalía interviniente.
El comunicado oficial cerró con un agradecimiento explícito a brigadistas, bomberos y equipos provinciales y federales, que trabajan en condiciones extremas y arriesgan su vida en cada operativo. Un reconocimiento necesario, casi obligatorio, en medio de una emergencia que todavía no da tregua.
Un cierre necesario
La situación en Chubut expone, al mismo tiempo, una emergencia ambiental y una decisión política: endurecer el mensaje y acelerar las consecuencias penales frente a incendios que, según la investigación oficial, no son fruto del azar. El fuego sigue activo en algunos sectores. La investigación también. Y el debate, inevitable, recién empieza.
