VIAJES FOTOS Y COMIDA DE BERNARDO SABISKY
Por: Bernardo Sabisky
El sur de Argentina vive momentos de gran tensión. Ayer, la región patagónica fue escenario de nuevos incendios forestales que se suman a una serie de ataques que ya han conmocionado a Chubut y Río Negro. En Chubut, la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) inició ocho nuevos focos de incendio en las cercanías de los pueblos El Maitén y El Pedregoso, mientras que en Río Negro, un atentado similar afectó gravemente a la localidad de El Bolsón.
En ambos casos, los incendios fueron provocados de manera intencional, lo que pone de manifiesto la peligrosidad de estos actos. Los bomberos, trabajando desde las primeras horas de la madrugada, lograron controlar parcialmente los focos, pero la amenaza sigue vigente. La región continúa viviendo con incertidumbre y temor ante la posibilidad de que los ataques se extiendan.
Los incendios provocados por grupos extremistas en Chubut y Río Negro son un claro desafío para el Estado de Derecho. La violencia no puede ser tolerada, y es urgente que las autoridades actúen con firmeza para garantizar la paz y la seguridad en la región. La comunidad local, ya afectada por la destrucción de sus hogares y bienes, necesita respuestas claras y la certeza de que quienes incitan y ejecutan estos actos de terrorismo serán llevados ante la justicia.
Es fundamental que se respete la ley y que la violencia no se convierta en un instrumento de lucha en una sociedad democrática. Los incendios de Chubut y Río Negro son un llamado de atención sobre la necesidad de una respuesta contundente que proteja a los ciudadanos y preserve el orden en el país.
La amenaza de la violencia y el terrorismo
Estos incendios no son episodios aislados, sino que forman parte de una escalada de violencia que ya lleva varios días afectando la zona. En este contexto, las palabras de Jones Huala, líder de la RAM, no han hecho más que alimentar el clima de inseguridad. Huala justificó públicamente los ataques incendiarios, defendiendo lo que él considera una lucha legítima contra el sistema capitalista y los terratenientes. Además, llamó a la “lucha armada” como respuesta a su causa mapuche.
Este tipo de declaraciones, que incitan a la violencia, no solo son alarmantes, sino que también constituyen un delito. La denuncia presentada por el gobierno de Chubut y el Ministerio de Seguridad Nacional busca poner fin a la apología del crimen y exigir el cumplimiento de la ley. Es fundamental que las autoridades actúen con firmeza para que estos actos de terrorismo no queden impunes.
Los daños y la conexión con el Lof Paillako
Los incendios recientes han tenido un impacto devastador en las comunidades afectadas. En El Bolsón, más de 2.800 hectáreas fueron consumidas por el fuego, y más de 120 casas fueron destruidas. Además, la tragedia dejó una víctima fatal, un hombre de la comunidad local. Este escenario no solo resalta la magnitud de los daños materiales, sino también los peligros para la vida de los habitantes de la región.
Uno de los aspectos más preocupantes de este brote de violencia es la posible conexión entre los atacantes y el Lof Paillako, una comunidad mapuche con la que se ha registrado una creciente tensión desde el desalojo de sus miembros del Parque Nacional Los Alerces, en enero. Peritajes realizados sobre el incendio en la Estancia Amancay confirmaron que se trató de un acto premeditado, con el uso de acelerantes para propagar el fuego. Esta evidencia sugiere una coordinación en los ataques, lo que aumenta la gravedad del problema.
La necesidad de un accionar firme
Es hora de que las autoridades nacionales y provinciales respondan con firmeza ante estos actos de terrorismo. El cumplimiento de la ley debe ser una prioridad, y no puede haber espacio para justificaciones que avalen la violencia como forma de lucha. Los incendios intencionales, que ya han causado graves daños materiales y pérdidas humanas, deben ser tratados como un atentado al orden y la seguridad de la sociedad.
Las investigaciones están en marcha y se espera que los responsables de estos hechos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La seguridad de los habitantes de Chubut y Río Negro está en juego, y es fundamental que el gobierno garantice la protección de los ciudadanos frente a la creciente violencia en la región.
