VIAJES FOTOS Y COMIDA DE BERNARDO SABISKY
Por: Bernardo Sabisky
El atentado armado ocurrido el 5 de febrero de 2026 contra el esquema de seguridad del senador colombiano Jairo Castellanos, en la vía que une Fortul con Tame, en el departamento de Arauca, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que ya no sorprende, pero sí desgasta. No fue estrictamente en Tame —conviene precisarlo—, aunque el impacto se siente en toda la región.
Dos escoltas murieron. El senador salió ileso. Y el país sumó otro episodio violento a una secuencia que, por acumulación, empieza a tener efectos que van más allá de la política y la seguridad institucional.
Las víctimas y el costo humano
Los fallecidos fueron Wilmer Antonio Leal, conductor de la Unidad Nacional de Protección, y Esmeli Manrique, integrante de la Policía Nacional. Dos trabajadores del Estado que estaban haciendo su tarea. Nada más. Nada menos.
Castellanos confirmó el ataque en redes sociales y expresó su dolor por la pérdida de sus escoltas. No hubo grandilocuencia. Hubo pesar. Y eso, en este contexto, dice bastante.
El recorrido, el secuestro y la liberación
La caravana se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal, en el departamento de Casanare. Durante el ataque, tres personas fueron secuestradas de manera temporal y luego liberadas. El dato circuló sin estridencias, pero suma una capa más a un escenario ya tenso.
Investigación en curso y sospechas oficiales
Las autoridades colombianas señalaron una posible responsabilidad del ELN. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 200 millones de pesos para quienes aporten información útil. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó públicamente los detalles del atentado.
No hay conclusiones definitivas. Sí una línea clara de investigación.
Cuando la violencia también golpea al turismo
Más allá del objetivo político del ataque, hay un efecto colateral que se repite —y que preocupa—: la inseguridad termina impactando de lleno en el turismo. Este tipo de acciones armadas, que no son nuevas en ciertas zonas del país, ponen en riesgo a los visitantes y, al mismo tiempo, afectan directamente a quienes viven del turismo.
Hoteleros, guías, transportistas, pequeños comerciantes. Personas que dependen de la llegada de viajeros y que ven cómo cada episodio violento espanta reservas, cancela recorridos y profundiza la desconfianza. La clave, la verdadera clave aquí es entender que la violencia no se queda en el lugar del ataque: se propaga.
Recomendación y clima de incertidumbre
A la luz de estos hechos, se refuerza la recomendación de no viajar a Colombia, especialmente a regiones con antecedentes de conflicto armado activo. No se trata de estigmatizar al país ni de desconocer su diversidad, sino de reconocer un riesgo concreto que sigue presente.
Mientras no haya garantías claras de seguridad, el turismo —una fuente vital de ingresos para muchas comunidades— queda atrapado en una lógica de espera, de cautela, de oportunidades perdidas.
Un cierre que deja preguntas abiertas
El atentado del 5 de febrero dejó dos muertos, varias preguntas y una sensación persistente: la violencia sigue condicionando la vida cotidiana y el desarrollo económico en amplias zonas de Colombia. Informar estos hechos no es insistir en lo negativo; es registrar una realidad que necesita respuestas.
Porque sin seguridad, no hay turismo. Y sin turismo, hay miles de historias que quedan en pausa.
