Por: Bernardo Sabisky

La renuncia de Santiago Peña, este 5 de noviembre de 2026, tras el colapso de Ueno Bank, abrió una de las crisis políticas más graves de Paraguay desde el retorno de la democracia. El derrumbe de la entidad financiera, la incertidumbre de millones de clientes y la pérdida de respaldo del propio Partido Colorado precipitaron la salida del mandatario. Pero detrás del episodio bancario aparece una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué Paraguay sigue sin poder desmontar las estructuras de poder que favorecen la corrupción?

Ueno Bank: el detonante de una crisis mayor

El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La entidad, vinculada al Grupo Vázquez, tenía cerca de tres millones de clientes y administraba importantes fondos públicos.

La situación adquirió una dimensión política por los anteriores vínculos empresariales de Peña con el grupo propietario. Las denuncias parlamentarias incluyeron posibles conflictos de intereses, irregularidades financieras y deficiencias en los controles institucionales. La pérdida de respaldo de los dirigentes colorados, incluido Horacio Cartes, aceleró el desenlace.

Conviene distinguir: la renuncia no constituye una condena judicial ni demuestra por sí misma responsabilidad penal del expresidente. Lo que sí deja expuesto es un problema de supervisión financiera, transparencia y rendición de cuentas.

De Stroessner a la democracia: las redes que permanecieron

Para comprender la corrupción estructural paraguaya hay que retroceder hasta la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Durante aquellos 35 años se consolidó un sistema de lealtades entre el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas, funcionarios y sectores empresariales favorecidos por el régimen.

La distribución de tierras, contratos, licencias y privilegios económicos contribuyó a sostener aquella estructura. El retorno democrático modificó las reglas políticas, pero no desmanteló completamente las redes de influencia.

Las presidencias de Andrés Rodríguez, Wasmosy, Cubas Grau y González Macchi estuvieron marcadas por crisis institucionales, controversias financieras y denuncias de corrupción. Duarte Frutos impulsó medidas de control fiscal, aunque sin modificar sustancialmente los incentivos del sistema.

La llegada de Fernando Lugo en 2008 interrumpió seis décadas de hegemonía presidencial colorada, pero tampoco consiguió consolidar una transformación institucional duradera. Su destitución en 2012 y la posterior presidencia de Federico Franco evidenciaron la fragilidad de los acuerdos democráticos.

Con Horacio Cartes, la relación entre poder empresarial y político adquirió especial visibilidad internacional. En 2022, Estados Unidos lo designó como persona significativamente corrupta y posteriormente impuso sanciones financieras. Mario Abdo Benítez tampoco consiguió una ruptura verificable con las estructuras tradicionales.

Peña heredó ese escenario. Su renuncia vuelve a ponerlo bajo examen.

El problema no es solamente la corrupción: es la impunidad

El clientelismo, el nepotismo, la financiación política opaca y la influencia de grupos económicos sobre decisiones públicas constituyen algunas de las principales vulnerabilidades del Estado paraguayo.

Un relevamiento publicado por Última Hora en 2018 identificó apenas cuatro autoridades políticas condenadas por corrupción durante las tres décadas anteriores comprendidas en su análisis. No es una estadística oficial actualizada, pero ilustra una dificultad persistente: transformar las denuncias en responsabilidades judiciales efectivas.

La OCDE, en su evaluación de 2026, también identificó una brecha considerable entre las normas anticorrupción y su aplicación práctica, particularmente en financiación política y conflictos de intereses.

La paradoja es evidente. Paraguay dispone de estabilidad macroeconómica, recursos hidroeléctricos, una producción agroexportadora competitiva y capacidad para atraer inversiones. Sin embargo, la debilidad institucional encarece los negocios, deteriora la competencia y limita la distribución de oportunidades.

Una oportunidad que no debería desperdiciarse

La salida de Peña plantea cuatro prioridades inmediatas: esclarecer el caso Ueno, proteger a los depositantes, garantizar investigaciones independientes y evitar que la sucesión presidencial se convierta simplemente en un acuerdo entre facciones partidarias.

La reforma del financiamiento político, la independencia judicial, la transparencia de las contrataciones públicas y el control de los conflictos de intereses no pueden seguir siendo promesas electorales.

Paraguay no es un Estado fallido ni carece de instituciones. Su problema es otro: demasiadas veces, las reglas formales no consiguen imponerse sobre las relaciones de poder.

La renuncia de Santiago Peña puede quedar registrada como otro episodio de inestabilidad presidencial. O puede convertirse en el comienzo de una reforma largamente postergada.

La diferencia no estará en quién ocupe el Palacio de López. Estará en si el próximo Gobierno se atreve a investigar también a quienes lo sostienen.

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Can Paraguay Break Its System of Corruption?

By Bernardo Sabisky

Santiago Peña’s resignation on November 5, 2026, following the collapse of Ueno Bank, has triggered one of Paraguay’s most serious political crises since the return to democracy. The bank’s downfall, the uncertainty facing millions of customers, and the loss of support from within his own Colorado Party precipitated the president’s departure. But behind the banking crisis lies a far more uncomfortable question: Why has Paraguay still been unable to dismantle the power structures that enable corruption?

Ueno Bank: The Trigger for a Much Larger Crisis

The Central Bank of Paraguay initiated resolution proceedings against Ueno Bank after determining that its solvency had fallen below half the legally required minimum. The institution, linked to Grupo Vázquez, had approximately three million customers and managed substantial public funds.

The situation took on a political dimension because of Peña’s previous business ties to the group that owns the bank. Parliamentary allegations included possible conflicts of interest, financial irregularities, and shortcomings in institutional oversight. The withdrawal of support from Colorado Party leaders, including Horacio Cartes, accelerated the outcome.

An important distinction must be made: the resignation does not constitute a judicial conviction, nor does it, in itself, establish the former president’s criminal liability. What it does expose, however, is a problem of financial supervision, transparency, and accountability.

From Stroessner to Democracy: The Networks That Endured

Understanding Paraguay’s structural corruption requires going back to the dictatorship of Alfredo Stroessner (1954–1989). During those 35 years, a system of loyalties took shape linking the Colorado Party, the Armed Forces, government officials, and business sectors favored by the regime.

The distribution of land, contracts, licenses, and economic privileges helped sustain that structure. The return to democracy changed the political rules but did not fully dismantle the networks of influence.

The presidencies of Andrés Rodríguez, Wasmosy, Cubas Grau, and González Macchi were marked by institutional crises, financial controversies, and corruption allegations. Duarte Frutos introduced fiscal oversight measures, but failed to substantially change the system’s underlying incentives.

Fernando Lugo’s arrival in 2008 interrupted six decades of Colorado Party dominance in the presidency, but he too failed to establish lasting institutional transformation. His removal from office in 2012 and the subsequent presidency of Federico Franco exposed the fragility of democratic agreements.

Under Horacio Cartes, the relationship between business and political power attracted particular international attention. In 2022, the United States designated him as a significantly corrupt person and subsequently imposed financial sanctions. Mario Abdo Benítez, too, failed to achieve a demonstrable break with traditional power structures.

Peña inherited that landscape. His resignation puts it under scrutiny once again.

The Problem Is Not Just Corruption: It Is Impunity

Political patronage, nepotism, opaque political financing, and the influence of economic groups over public policy are among the main vulnerabilities of the Paraguayan state.

A survey published by Última Hora in 2018 identified just four political officials convicted of corruption over the three decades covered by its analysis. It is not an updated official statistic, but it illustrates a persistent problem: turning allegations into effective judicial accountability.

The OECD, in its 2026 assessment, also identified a significant gap between anti-corruption regulations and their practical enforcement, particularly in political financing and conflicts of interest.

The paradox is clear. Paraguay enjoys macroeconomic stability, abundant hydroelectric resources, a competitive agricultural export sector, and the capacity to attract investment. Yet institutional weakness raises the cost of doing business, undermines competition, and limits the distribution of opportunities.

An Opportunity That Must Not Be Wasted

Peña’s departure raises four immediate priorities: clarifying the Ueno case, protecting depositors, ensuring independent investigations, and preventing the presidential succession from becoming little more than an agreement among rival party factions.

Reforming political financing, safeguarding judicial independence, ensuring transparency in public procurement, and overseeing conflicts of interest can no longer remain campaign promises.

Paraguay is neither a failed state nor a country without institutions. Its problem lies elsewhere: far too often, formal rules fail to prevail over entrenched power relationships.

Santiago Peña’s resignation may go down in history as yet another episode of presidential instability. Or it could mark the beginning of a long-overdue reform.

The difference will not lie in who occupies the Palacio de López. It will depend on whether the next government dares to investigate those who put it in power, too.

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巴拉圭能否打破腐败体制？

作者：Bernardo Sabisky

2026年11月5日，随着乌埃诺银行（Ueno Bank）倒闭，圣地亚哥·培尼亚宣布辞职，引发了巴拉圭自恢复民主以来最严重的政治危机之一。这家金融机构的崩溃、数百万客户面临的不确定性，以及执政的红党内部对总统支持的瓦解，共同促成了培尼亚的下台。然而，在这场银行业危机背后，一个更加令人不安的问题浮出水面：为什么巴拉圭至今仍无法拆除那些助长腐败的权力结构？

乌埃诺银行：一场更大规模危机的导火索

巴拉圭中央银行在发现乌埃诺银行的偿付能力已跌至法定最低要求的一半以下后，启动了对该银行的处置程序。这家与巴斯克斯集团（Grupo Vázquez）有关联的金融机构拥有近300万名客户，并管理着大量公共资金。

由于培尼亚此前与该银行所属集团存在商业关系，事态迅速演变为一场政治危机。议会方面提出的指控涉及潜在利益冲突、金融违规行为以及机构监管缺陷。包括奥拉西奥·卡特斯在内的红党领导人撤回对培尼亚的支持，加速了最终结果的到来。

有一点必须明确：辞职并不等同于司法定罪，也不能仅凭这一事实认定这位前总统承担刑事责任。但这一事件确实暴露出巴拉圭在金融监管、透明度和问责机制方面存在的问题。

从斯特罗斯纳到民主时代：延续至今的利益网络

要理解巴拉圭的结构性腐败，必须追溯到阿尔弗雷多·斯特罗斯纳（Alfredo Stroessner）的独裁统治时期（1954—1989年）。在这35年间，红党、武装部队、政府官员以及受到政权优待的商业领域逐渐形成了一套相互依附的忠诚关系网络。

土地、合同、许可证和经济特权的分配，帮助维系了这一权力结构。民主制度的恢复改变了政治规则，却未能彻底瓦解这些影响力网络。

安德烈斯·罗德里格斯、瓦斯莫西、库巴斯·格劳和冈萨雷斯·马基执政期间，巴拉圭经历了多次制度危机、金融争议和腐败指控。杜阿尔特·弗鲁托斯虽然推动了一系列财政监管措施，却未能从根本上改变这一体制的运行逻辑。

2008年，费尔南多·卢戈上台，打破了红党长达60年的总统执政垄断，但同样未能推动持久的制度性变革。2012年卢戈遭到罢免，以及随后费德里科·佛朗哥出任总统，都暴露出巴拉圭民主政治协议的脆弱性。

在奥拉西奥·卡特斯执政期间，商业权力与政治权力之间的关系受到国际社会的特别关注。2022年，美国将其列为“重大腐败人物”，随后对其实施金融制裁。马里奥·阿夫多·贝尼特斯同样未能实现与传统权力结构之间有据可查的实质性决裂。

培尼亚继承的正是这样一个政治环境。他的辞职再次将这一体制置于审视之下。

问题不仅在于腐败，更在于有罪不罚

政治庇护主义、裙带关系、不透明的政治融资，以及经济集团对公共决策的影响，是巴拉圭国家治理面临的主要制度性弱点。

《最后时刻报》（Última Hora）2018年公布的一项调查显示，在其分析所涵盖的此前30年间，因腐败被定罪的政治官员仅有4人。这并非一项最新的官方统计数据，但它揭示了一个长期存在的难题：如何将腐败指控转化为真正有效的司法追责。

经济合作与发展组织（OECD）在2026年的评估中也指出，反腐败法规与实际执行之间存在明显差距，尤其是在政治融资和利益冲突监管方面。

这种悖论显而易见。巴拉圭拥有宏观经济稳定、丰富的水力发电资源、具有竞争力的农产品出口产业，以及吸引投资的能力。然而，制度薄弱抬高了商业经营成本，损害了市场竞争，并限制了发展机会的公平分配。

一个不应被浪费的机会

培尼亚的离职提出了四项必须立即着手解决的优先任务：查清乌埃诺银行事件、保护储户权益、确保调查独立进行，以及防止总统继任过程沦为不同党内派系之间的一场简单权力交易。

政治融资改革、司法独立、公共采购透明度以及利益冲突监管，不能再继续停留在竞选承诺的层面。

巴拉圭并不是一个失败国家，也并非缺乏制度。它的问题在于：正式制度和法律规则往往无法凌驾于根深蒂固的权力关系之上。

圣地亚哥·培尼亚的辞职，可能最终只是被记录为又一起总统政治动荡事件；但它也有可能成为一场长期被推迟的改革的起点。

真正的区别不在于谁将入主洛佩斯宫，而在于下一届政府是否有勇气调查那些支撑其上台的人。

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क्या पैराग्वे अपने भ्रष्टाचार के तंत्र को तोड़ सकता है?

लेखक: Bernardo Sabisky

5 नवंबर, 2026 को उएनो बैंक (Ueno Bank) के पतन के बाद सैंटियागो पेña के इस्तीफे ने पैराग्वे में लोकतंत्र की बहाली के बाद के सबसे गंभीर राजनीतिक संकटों में से एक को जन्म दिया। वित्तीय संस्थान का पतन, लाखों ग्राहकों के सामने पैदा हुई अनिश्चितता और स्वयं कोलोराडो पार्टी के भीतर राष्ट्रपति के समर्थन में आई कमी ने उनके पद छोड़ने की परिस्थितियां तैयार कर दीं। लेकिन इस बैंकिंग संकट के पीछे एक और कहीं अधिक असहज सवाल छिपा है: पैराग्वे आज तक उन सत्ता संरचनाओं को क्यों नहीं तोड़ पाया है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं?

उएनो बैंक: एक बड़े संकट का तात्कालिक कारण

पैराग्वे के केंद्रीय बैंक ने उएनो बैंक के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू की, जब यह पता चला कि उसकी वित्तीय सुदृढ़ता कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम स्तर के आधे से भी नीचे गिर गई थी। ग्रुपो वास्केज़ (Grupo Vázquez) से जुड़ी इस वित्तीय संस्था के लगभग 30 लाख ग्राहक थे और यह बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रबंधन करती थी।

इस मामले ने राजनीतिक रूप तब ले लिया, जब राष्ट्रपति पेña के बैंक के मालिक समूह के साथ पुराने व्यावसायिक संबंध सामने आए। संसद में लगाए गए आरोपों में संभावित हितों के टकराव, वित्तीय अनियमितताओं और संस्थागत निगरानी की खामियों का उल्लेख किया गया। होरासियो कार्तेस सहित कोलोराडो पार्टी के नेताओं का समर्थन वापस लेना घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ तक ले गया।

एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए: इस्तीफा किसी न्यायिक दोषसिद्धि के समान नहीं है और अपने आप में पूर्व राष्ट्रपति की आपराधिक जिम्मेदारी साबित नहीं करता। हालांकि, यह घटना वित्तीय निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी समस्याओं को उजागर जरूर करती है।

स्ट्रोस्नर से लोकतंत्र तक: वे सत्ता नेटवर्क जो आज भी कायम हैं

पैराग्वे में संरचनात्मक भ्रष्टाचार को समझने के लिए अल्फ्रेडो स्ट्रोस्नर (1954-1989) की तानाशाही के दौर में लौटना आवश्यक है। उन 35 वर्षों के दौरान कोलोराडो पार्टी, सशस्त्र बलों, सरकारी अधिकारियों और शासन से लाभान्वित होने वाले कारोबारी क्षेत्रों के बीच वफादारी और संरक्षण का एक तंत्र स्थापित हुआ।

जमीन, ठेके, लाइसेंस और आर्थिक विशेषाधिकारों का वितरण इस व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा। लोकतंत्र की बहाली ने राजनीतिक नियमों को बदल दिया, लेकिन प्रभाव और सत्ता के इन नेटवर्कों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया।

आंद्रेस रोड्रिगेज, वास्मोसी, क्यूबास ग्राउ और गोंजालेज माकी के राष्ट्रपति कार्यकाल संस्थागत संकटों, वित्तीय विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रभावित रहे। डुआर्ते फ्रूटोस ने राजकोषीय निगरानी के उपायों को आगे बढ़ाया, लेकिन व्यवस्था के मूल प्रोत्साहनों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं कर सके।

2008 में फर्नांडो लुगो के सत्ता में आने से राष्ट्रपति पद पर कोलोराडो पार्टी का छह दशकों का वर्चस्व समाप्त हुआ, लेकिन वे भी स्थायी संस्थागत परिवर्तन स्थापित करने में सफल नहीं रहे। 2012 में उनका पद से हटाया जाना और उसके बाद फेडेरिको फ्रांको का राष्ट्रपति बनना लोकतांत्रिक सहमतियों की कमजोरी को उजागर करता है।

होरासियो कार्तेस के कार्यकाल में कारोबारी और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष चर्चा का विषय बने। 2022 में अमेरिका ने उन्हें ‘महत्वपूर्ण रूप से भ्रष्ट व्यक्ति’ घोषित किया और बाद में उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए। मारियो अब्दो बेनिटेज़ भी पारंपरिक सत्ता संरचनाओं से स्पष्ट और प्रमाणित दूरी बनाने में विफल रहे।

पेña को यही राजनीतिक विरासत मिली। उनका इस्तीफा एक बार फिर इस पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करता है।

समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि दंडमुक्ति भी है

राजनीतिक संरक्षणवाद, भाई-भतीजावाद, अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण और सार्वजनिक नीतिगत फैसलों पर आर्थिक समूहों का प्रभाव पैराग्वे के राज्य की प्रमुख कमजोरियों में शामिल हैं।

2018 में समाचार पत्र Última Hora द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण में उसके विश्लेषण के दायरे में आने वाले पिछले तीन दशकों के दौरान भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए गए राजनीतिक अधिकारियों की संख्या केवल चार बताई गई थी। यह कोई अद्यतन आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह एक लगातार बनी हुई समस्या को दर्शाता है: भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रभावी न्यायिक जवाबदेही में बदलने की कठिनाई।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने भी अपने 2026 के आकलन में भ्रष्टाचार-विरोधी नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर रेखांकित किया। यह अंतर विशेष रूप से राजनीतिक वित्तपोषण और हितों के टकराव के मामलों में दिखाई देता है।

विरोधाभास स्पष्ट है। पैराग्वे में व्यापक आर्थिक स्थिरता है, जलविद्युत संसाधनों की प्रचुरता है, प्रतिस्पर्धी कृषि निर्यात क्षेत्र है और विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता भी है। इसके बावजूद, संस्थागत कमजोरी कारोबार की लागत बढ़ाती है, प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती है और अवसरों के समान वितरण को सीमित करती है।

एक ऐसा अवसर जिसे गंवाया नहीं जाना चाहिए

पेña का इस्तीफा तत्काल चार प्राथमिकताएं सामने रखता है: उएनो बैंक मामले की सच्चाई सामने लाना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना और राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार को केवल पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच सत्ता समझौते में बदलने से रोकना।

राजनीतिक वित्तपोषण में सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता और हितों के टकराव पर नियंत्रण अब केवल चुनावी वादे बनकर नहीं रह सकते।

पैराग्वे न तो एक विफल राष्ट्र है और न ही उसके पास संस्थानों की कमी है। उसकी समस्या कुछ और है: बार-बार ऐसा होता है कि औपचारिक नियम सत्ता के गहरे जमे हुए संबंधों पर हावी नहीं हो पाते।

सैंटियागो पेña का इस्तीफा राष्ट्रपति पद की अस्थिरता की एक और घटना के रूप में इतिहास में दर्ज हो सकता है। लेकिन यह लंबे समय से टाले जा रहे सुधारों की शुरुआत भी बन सकता है।

असली फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि अगला राष्ट्रपति लोपेज़ पैलेस में कौन होगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या अगली सरकार उन लोगों की भी जांच करने का साहस दिखाएगी, जिनके समर्थन से वह सत्ता में आई है।

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